viernes, 21 de marzo de 2014

Uruguay defiende en Viena Ley de liberalización de marihuana

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, expresó ante la Comisión de Estupefacientes en Viena, que Uruguay al aprobar una Ley que despenaliza la producción y comercialización de la marihuana interpreta las convenciones de drogas “desde la perspectiva de los derechos humanos en el sentido de que todos los ciudadanos, los que tienen diferentes opciones sexuales o los que usan drogas, tienen derecho a la salud, libertad y la seguridad de su persona”.




Calzada participó en una reunión en Viena en el marco de la 57ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas.
En ese marco, el jerarca defendió la Ley de regulación y control del mercado de marihuana.
“Interpretamos las convenciones de drogas desde la perspectiva de los derechos humanos que nos orientan en el sentido de que todos los ciudadanos,  los que tienen diferentes opciones sexuales o  los que usan drogas, tienen derecho a la salud, libertad y la seguridad de su persona”, expresó.
Agregó que en el marco de dicha interpretación, Uruguay optó por una serie de “medidas regulatorias del mercado del cannabis que tienen por objeto garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, la seguridad, y el derecho al buen vivir de los usuarios de cannabis, de sus familias, comunidades y la sociedad toda”.

30 millones de dólares

Calzada indicó que en Uruguay  hace 40 años  se despenalizó el uso de drogas, desde ese momento “se ha empujado a miles de ciudadanos que tomaron la opción de consumir marihuana, a que cometieran actos ilegales para realizar un acto legal”.
“El Estado, al no asegurarles a estos ciudadanos el derecho a obtener marihuana legal, los expuso durante décadas a situaciones de violencia, les negó el derecho a la seguridad, exponiendo a quienes tomaron esta opción a situaciones de violencia”, sentenció el jerarca.
En ese marco, dijo que en el año 2012 el Estado obligó a 150.000 ciudadanos a que “llevarán al molino del narcotráfico más de 30 millones de dólares”, por lo cual aseguró que la normativa “quiere terminar con todo esto”.
“No vemos cómo es posible sostener que esta Ley no se enmarca en el espíritu de las convenciones, si es que el espíritu de estas es la salud y el bienestar de los ciudadanos”, sentenció Calzada.

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