El Ejecutivo argentino litiga contra un grupo de inversionistas que reclaman una suma millonaria por los títulos de deuda soberana impagados cuando el país cesó pagos por unos US$100.000 millones en 2001.
Más del 90% de los tenedores de bonos se han acogido a las quitas ofrecidas por el gobierno, que lleva años pagando lo acordado, pero los fondos con los que ahora litiga el gobierno no han aceptado rebajas.
De hecho, el gobierno los califica de "fondos buitre" porque considera que pagaron precios muy rebajados por sus títulos en lo peor de la crisis con la intención de litigar en la justicia para cobrar el valor nominal al completo.
La presidenta argumentó que si, como pide un juez de Estados Unidos, paga a aquellos fondos esos valores, estaría violando una clausula del acuerdo con el resto de tenedores -la llamada cláusula RUFO-, lo que supondría desembolsar aún más dinero para compensar a todos sus tenedores de deuda.
Por eso advirtió que no firmaría "cualquier cosa", en referencia a los pedidos del juez Thomas Griesa de negociar con los fondos buitre.
"Alguien decía que podía caberle responsabilidad penal a los funcionarios argentinos por la cláusula RUFO. A mi lo que más me preocupa no es la responsabilidad penal, sino la responsabilidad ante la Historia", dijo la mandataria.
El 30 de julio se vence el plazo para que los tenedores de deuda argentina reciban su dinero. Si bien el estado sudamericano hizo los pagos, el juez Griesa pidió que no se depositaran hasta que los otros inversionistas cobren su parte
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