La jueza letrada de Primera Instancia en lo Civil de 17° Turno, Patricia Hernández, falló en primera instancia a favor del Banco Central del Uruguay (BCU) en un juicio que promovió luego de la crisis financiera de 2002 contra los propietarios de los ex bancos Montevideo y Caja Obrera. El vicepresidente de la autoridad monetaria, Jorge Gamarra, aseguró que se trata de una cifra “abultada que irá para los ahorristas defraudados por los bancos quebrados”.
La jueza Patricia Hernández, falló en primera instancia a favor del Banco Central del Uruguay en juicio contra los propietarios de los ex bancos Montevideo y Caja Obrera pertenecientes al Grupo Velox de la familia Peirano.
Dicho pronunciamiento fue dictado luego de un proceso judicial que se inició en el año 2004 a raíz de la demanda que impulsó el Banco Central a efectos de determinar la responsabilidad de un amplio grupo de personas físicas y jurídicas relacionadas al ex Banco de Montevideo y ex Banco La Caja Obrera.
A partir del año 2002 -cuando se desató la crisis financiera y económica que derivó en el cierre de los bancos-, habían comenzado a adoptarse medidas cautelares contra dichas personas, consistentes en embargos genéricos y específicos.
La sentencia “acoge parcialmente la demanda promovida por el Banco Central condenando de manera fundada a 10 personas físicas y a 15 personas jurídicas demandadas”, informó El País.
En el dictamen también se indica que la condena es por “la casi totalidad de los daños y perjuicios que oportunamente se reclamaran y que fueron ocasionados a partir de operaciones vinculadas a las instituciones bancarias en liquidación Banco de Montevideo y Banco La Caja Obrera”.
Cautela
Este jueves el vicepresidente del Banco Central del Uruguay, Jorge Gamarra, confirmó el fallo en primera instancia de la Justicia, en favor del Banco Central del Uruguay en el juicio promovido a los propietarios del ex Banco Montevideo y la Caja Obrera.
“El Banco Central ha logrado que se reconozcan las argumentaciones que hizo en ese juicio, tendiente a obtener una indemnización que irá para los ahorristas que resultaron defraudados por esos bancos”, remarcó el jerarca de la autoridad monetaria.
Gamarra recomendó tener cautela, porque es un fallo primario. “Es un fallo de primera instancia y aquí hay cuestiones muy sensibles y hay que tener la calma suficiente para no hacer especulaciones que nos lleven a conclusiones apresuradas”.
El jerarca prefirió no referirse al monto de la demanda, pero sí reconoció que se trata de “una cifra abultada para un fallo en el Uruguay”.
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