La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, en Argentina, confirmó que procesó a 92 inculpados por violar los Derechos Humanos, en 21 juicios que se desarrollaron el año que culminó. Los juicios son todos referentes a la dictadura argentina durante los años 1976 a 1983.
La Procuraduría seguirá en este 2015 con otros 15 juicios que se procesan en distintas provincias de todo el país, donde deben definir las responsabilidades de unos 300 inculpados, por los testimonios que han presentado más de 550 víctimas de la tortura.
Hasta el momento, Argentina ha logrado condenar a más de medio millar de represores, después que se declararan inconstitucionales las leyes de amnistía aprobadas durante el gobierno de Carlos Menem, y los inculpados comenzaran a ser llevados a los tribunales de Justicia, en 2006.
Durante este año está previsto comiencen seis juicios que juzgarán en principio a catorce involucrados en casos que afectaron a más de medio centenar de víctimas.
De los casi mil procesados por crímenes de lesa humanidad a la fecha, la cuarta parte tiene juicios en curso, mientras otro tanto tiene causas elevadas a juicios, con un 36% en instrucción.
El dispar desarrollo provincial y las trabas para integrar tribunales
El informe de gestión anual del Programa Verdad y Justicia, evaluó la situación de los procedimientos y juicios desarrollados en 2014, reconociendo “aportes sustantivos” de la Justicia, pero advirtiendo disparidades en los juicios según las provincias.
Según publica el matutino Página 12, el informe señala que “existen importantes demoras en algunas instancias de los procesos como en la confirmación de las sentencias”. En su edición web el portal de noticias remarca que el informe apunta que el avance “no es homogéneo en todas las provincias”, donde Buenos Aires es la provincia que más causas cerró con sentencia en el año que terminó. Como razón de esta disparidad, el Programa Verdad y Justicia apunta que “los operadores judiciales y las partes acusadoras carecen, en general, de conocimientos específicos para evaluar la salud psicofísica” de los imputados, lo que se ha convertido en un problema ante la proliferación de pedidos de suspensión alegando incapacidad, por parte de la defensa de los acusados.
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