Esta es la amenaza que recibió la periodista Verónica Huerta. Foto: cortesía Sergio Hernández/AVC Noticias
Al teléfono móvil de la periodista Verónica Huerta Aburto llegó una amenaza con palabras ofensivas: "Después de Moisés sigues tú… te estamos checando".
El mensaje apareció el 1 de febrero. Días antes había sido encontrado el cuerpo del reportero Moisés Sánchez Cerezo, quien fue secuestrado el 2 de enero.
Los dos casos ocurrieron en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo en México según la agrupación Reporteros sin Fronteras.
Desde 2010 once periodistas han sido asesinados y otros cuatro permanecen desaparecidos. Una veintena más abandonaron el lugar para escapar de amenazas de muerte.
Polémica
Organizaciones civiles dicen que Veracruz es un infierno para los periodistas. Y quienes trabajan en medios locales, como el fotógrafo Félix Márquez, están de acuerdo.
"Las cifras lo dicen, no pueden mentir: once compañeros asesinados y cuatro desaparecidos. La frase es muy cierta", le dice a BBC Mundo.
"Si alguno de los crímenes de periodistas en Veracruz se hubiera resuelto desde un principio, esto no estuviera pasando".
En cambio, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, asegura a BBC Mundo que todas las denuncias por agresión a comunicadores han sido atendidas.
"No se abandona absolutamente ninguna investigación, lo hacemos a cabalidad y llegamos a conclusiones", insiste.
Delincuentes
La polémica es parte del escenario que se vive en Veracruz donde la violencia contra los comunicadores es una mezcla de varios factores, explica a BBC Mundo Ricardo González, de la organización Artículo 19.
El estado se encuentra "en el epicentro" de la crisis nacional de inseguridad que vive una parte del país.
En Veracruz hay una disputa de carteles por las rutas de tráfico de drogas, pero también existen bandas de secuestro y tráfico de personas migrantes, extorsión y delincuencia común.
Algunos de estos grupos han agredido a medios de comunicación, e incluso recientemente el diario El Heraldo de Córdoba fue atacado con bombas incendiarias.
De hecho, en cinco de los homicidios de periodistas se encontraron vínculos con bandas de delincuencia organizada, asegura a BBC Mundo el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo.
Delitos federales
En esos casos se transfirió la investigación a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), legalmente responsable de investigar esos delitos.
De los restantes, la fiscalía de Veracruz considera que tres están resueltos: las muertes de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso; Gregorio Jiménez, fotoreportero del diario El Liberal del Sur y Moisés Sánchez, quien dirigía su semanario llamado La Unión.
En este último caso las autoridades acusan al alcalde de Medellín de ordenar el asesinato del comunicador.
La versión oficial dice que el funcionario estaba molesto por las críticas de Sánchez Cerezo a su trabajo en el municipio, como la falta de seguridad, el cobro de cuotas por recolectar basura o la falta de alumbrado público, entre otros temas.
"Crímenes pasionales"
Sin embargo, Artículo 19 y otras organizaciones, como Reporteros sin Fronteras y la Red de Periodistas de a Pie no creen en la versión oficial e insisten que el gobierno local no investiga las agresiones o lo hace de manera deficiente.
Además, las autoridades se resisten a aceptar que el trabajo de los periodistas puede ser causa de las agresiones, o incluso pretenden desacreditar a las víctimas.
Eso ocurrió con Moisés Sánchez, de quien el gobernador Javier Duarte dijo al conocer su secuestro que se trataba de un taxista.
"Se recurre a sembrar la duda de que a lo mejor la agresión está relacionada con una cosa pasional", señala Ricardo González.
El fiscal general responde: "En los casos en que ha confluido algún elemento que tenga que ver con la libertad de expresión lo reconozco, no tiene por qué decirse lo contrario", señala.
"Lo más importante para nosotros no es el origen laboral o profesional de una persona, sino que es un ser humano víctima de un delito".
Vulnerables
Pero además de las amenazas, asesinatos y desapariciones en Veracruz los comunicadores padecen otros problemas, denuncia Artículo 19 y la Red de Periodistas de a Pie.
Un ejemplo es que las autoridades influyen en el trabajo de los medios a través de la asignación discrecional de publicidad oficial.
Otro elemento es que los propietarios de muchos medios veracruzanos son políticos o empresarios vinculados a grupos en el gobierno.
Así, los comunicadores se encuentran en condiciones críticas, denunció en noviembre pasado la Red ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
"La vulnerabilidad de los periodistas se ve acentuada por una situación laboral muy precaria que afecta a un número considerable de los informadores profesionales", señala el documento.
"Muchos comunicadores han sido despedidos luego de participar en protestas y la mayoría de los reporteros no cuenta con un salario fijo ni seguro social".
La mezcla de todos los elementos genera un clima de impunidad en el que cualquier autoridad –incluso de nivel menor- cree tener permiso para agredir a periodistas, subraya Félix Márquez.
"Antes teníamos precaución con la delincuencia, luego supimos que teníamos a otro enemigo enfrente por las investigaciones de corrupción en el gobierno", reconoce.
"Pero después de lo de Moisés nos dimos cuenta que cubrir hoyos en las calles o falta de alumbrado nos ponen en la mira de autoridades que no les gusta lo que hacemos".
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